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Una enfermera afroamericana fue declarada con muerte cerebral en Georgia. Su cuerpo sigue conectado a máquinas por mandato legal, solo para que el feto que llevaba continúe desarrollándose.

El 19 de febrero, Adriana Smith fue declarada con muerte cerebral en Georgia, Estados Unidos. Tenía 30 años, era madre de un niño de cinco y estaba embarazada de ocho semanas. Desde entonces, su cuerpo permanece conectado a soporte vital solo para gestar. No por decisión de su familia, sino por mandato legal: una ley estatal prohíbe interrumpir embarazos desde las seis semanas y reconoce al feto como persona jurídica.

A pesar de que la ley contempla excepciones si la vida o salud de la madre corre peligro, no aborda específicamente qué debe hacerse cuando una mujer es declarada con muerte cerebral. El hospital Emory Healthcare, donde Smith permanece conectada a máquinas, señaló en un comunicado que actuó en base a las leyes vigentes sobre aborto y otras normativas aplicables.

La familia de Adriana que ha denunciado negligencia médica por parte del hospital al no haberla atendido cuando reportó síntomas graves, no tiene posibilidad de decisión sobre su cuerpo. Tampoco hay claridad sobre las condiciones con que el feto podría sobrevivir ni quién costeará los tratamientos.

Un caso amparado en la ley antiaborto

El caso Roe vs. Wade fue un fallo de la Corte Suprema a favor del derecho al aborto, garantizando el acceso a este como parte del derecho a la privacidad. Esta decisión protegió el aborto a nivel federal casi 50 años. De esta forma, se permitía libremente en el primer trimestre y permitía ciertas regulaciones en el segundo y en el tercero, siempre considerando la salud de la persona gestante.

Sin embargo, en junio de 2022, la Corte Suprema anuló este precedente con el caso Dobbs v. Jackson, permitiendo a cada estado legislar sobre el aborto, lo que activó leyes restrictivas como la de Georgia, lugar donde la población negra representa el 30,6% de la población total (Censo EE.UU. 2020).

La situación de Adriana se ampara en una estricta ley antiaborto vigente en Georgia desde 2019, que se hizo efectiva tras la anulación del fallo Roe vs. Wade en 2022.  Esta normativa prohíbe el aborto desde el momento en que se detecta actividad cardíaca fetal, es decir, desde aproximadamente las seis semanas de gestación, y reconoce al feto como persona legal. En este caso, la norma fue aplicada incluso cuando la persona gestante ya había sido clínicamente declarada muerta.

Racismo reproductivo y desigualdad médica

El caso ha expuesto con fuerza cómo las leyes antiaborto afectan de manera más cruda a mujeres negras. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2023 la tasa de mortalidad materna en mujeres negras fue más del triple que en mujeres blancas. Y diversos estudios demuestran que los síntomas de las mujeres racializadas suelen ser subestimados en los servicios médicos.

Organizaciones como SisterSong, que se dedica a la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres, especialmente en las experiencias y luchas de mujeres negras, indígenas y personas de color, han denunciado que lo que está ocurriendo con su cuerpo no es solo una violación de derechos, sino un ejemplo más de racismo reproductivo.

“Adriana sabía moverse en el sistema médico. Era enfermera. Aun así, no la escucharon”, dijo Monica Simpson, directora de SisterSong.

¿Qué dice el derecho internacional?

Aunque Estados Unidos no ha ratificado la CEDAW —la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— sí es signatario. Eso significa que debería abstenerse de políticas que violenten los derechos humanos de las mujeres.

Según la propia CEDAW y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, forzar a una mujer a continuar un embarazo en condiciones extremas, o a mantener su cuerpo conectado tras la muerte, puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante.

El caso de Adriana Smith deja al descubierto los límites de las legislaciones restrictivas y plantea una interrogante urgente: ¿puede un país democrático defender la dignidad humana si no escucha a sus mujeres vivas ni respeta a sus muertas?

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